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Diego Luciani volvió a poner en el centro del debate las dificultades que enfrentan fiscales y jueces al investigar casos de corrupción. En un panel del Coloquio de IDEA, el fiscal que encabezó la acusación en el juicio por la obra pública en Santa Cruz —que culminó con la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad— habló sobre las presiones políticas, las amenazas recibidas y la importancia de mantener la independencia judicial frente a los intentos de condicionamiento.
“Uno tiene que tolerar las presiones”, afirmó Luciani, recordando las declaraciones públicas adversas durante el proceso judicial. Mencionó, entre otros episodios, cuando un presidente de la Nación los calificó de “mafia judicial” y cuando, tras su alegato, el entonces mandatario expresó: “Espero que Luciani no se suicide”.
El fiscal destacó que ejercer la independencia judicial requiere una preparación que trasciende lo estrictamente jurídico. “La preparación es mental, profesional, académica y de liderazgo, para enfrentar estas adversidades”, explicó, refiriéndose al compromiso que implicó llevar adelante la causa Vialidad.
En ese sentido, precisó que en su fiscalía trabajaban 12 personas que, además de investigar la obra pública en Santa Cruz, tenían a cargo más de 200 causas vinculadas a otros delitos. Para gestionar la carga laboral, dividieron la fiscalía en dos y se prepararon especialmente para este proceso.
Visiblemente emocionado y ovacionado por el público, Luciani recordó además el contexto político en el que se desarrolló el juicio: “En 2019 ganó las elecciones el que juzgábamos y todo el poder del Gobierno se volcó en contra nuestro”. Añadió que las presiones no siempre son evidentes o directas, sino que pueden comenzar con intentos sutiles de influir en los fallos judiciales y derivar en formas más agresivas de condicionamiento.
Entre los ejemplos mencionó los intentos de remover a miembros de la Corte Suprema, las reformas institucionales y las iniciativas contra el procurador. También advirtió sobre la influencia de los medios de comunicación y las dificultades de quienes investigan redes de corrupción.
“¿Cómo le explico a mi hijo de 16 años si no hacía lo que tenía que hacer?”, planteó al relatar el impacto personal de las amenazas y presiones. Para él, la independencia judicial no es un concepto abstracto, sino una exigencia concreta que debe sostenerse incluso cuando las decisiones generan confrontaciones con el poder político.
Luciani subrayó además las limitaciones estructurales de la Justicia y la necesidad de que las investigaciones puedan avanzar sobre todas las pruebas disponibles. Citó como ejemplo la causa vinculada a Santa Cruz y la investigación sobre el empresario Lázaro Báez.
Durante la investigación de Vialidad, solicitó acceder a causas relacionadas, entre ellas la del exsecretario de Obras Públicas José López. El tribunal autorizó la solicitud y encontraron dos teléfonos que no habían sido analizados. Según Luciani, esos dispositivos contenían conversaciones sobre la salida de Austral Construcciones, reuniones relacionadas con disposiciones de Cristina Kirchner y planes para abandonar las rutas. Ese material, afirmó, permitió dimensionar el daño sufrido por el país.
“¿Qué país tendríamos si todo hubiera ido adonde tendría que haber ido? Cloacas, obra pública, infraestructura, rutas”, se preguntó durante el encuentro.
Para Luciani, el veredicto en la causa Vialidad representa un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción. “El caso Vialidad marcó un antes y un después en materia de corrupción. Es un caso exitoso. Hay cosa juzgada”, subrayó. Añadió: “Es exitoso porque la Justicia no le cedió la última palabra a la corrupción ni a la impunidad de los corruptos”.
El panel también contó con la participación de Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura, quien destacó los desafíos institucionales en los mecanismos de selección y control de jueces. Su diagnóstico coincidió con el de Luciani sobre las dificultades del sistema judicial, pero desde la perspectiva de la necesidad de reducir la discrecionalidad, transparentar los concursos y exigir rendición de cuentas.
De la Torre señaló que la Comisión de Disciplina tramitó alrededor de 500 denuncias contra magistrados, pero que solo tres casos terminaron en sanciones. “Si no pedimos rendición de cuentas a los jueces, es difícil que haya soluciones”, sostuvo.
Además, cuestionó los procesos de selección y describió al Consejo como un espacio donde frecuentemente las decisiones están condicionadas por disputas internas entre consejeros. Explicó que presentó cinco proyectos para aumentar la transparencia y disminuir la discrecionalidad en los concursos.
La consejera también advirtió sobre el impacto de las vacantes judiciales, recordando que hubo 27 meses sin envío de pliegos del Poder Ejecutivo al Senado y que el nivel de vacantes llegó al 33%. Aunque destacó que durante este año se comenzó a cubrir cargos y que la tasa actual ronda el 20%, reclamó acelerar los procesos de selección y avanzar en concursos anticipados.
De la Torre vinculó estas falencias con el funcionamiento económico y la confianza de los inversores. Citó como ejemplo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que prevé mecanismos de resolución de controversias en jurisdicciones internacionales.
“Si no se cumple el RIGI, ¿quién nos va a defender? ¿La Justicia argentina? No, la Justicia internacional”, advirtió. Señaló que la incertidumbre sobre los tribunales competentes para resolver conflictos tiene también consecuencias económicas, evidenciadas en las diferencias de rendimiento entre bonos bajo jurisdicción extranjera y argentina.
En ese marco, ambos coincidieron en la necesidad de fortalecer
