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La fiscal de La Plata, Betina Lacki, ordenó la detención de una funcionaria bonaerense acusada de captar personas en situación de vulnerabilidad para usar sus datos biométricos sin consentimiento y abrir cuentas en billeteras virtuales con el fin de lavar dinero proveniente del juego clandestino en la provincia. Este caso presenta vínculos con la causa Sur Finanzas, la financiera relacionada con la AFA.
La investigación destapó un circuito de lavado por aproximadamente 27.000 millones de pesos y puso bajo la lupa a Ignacio Leonel Marchioni, imputado previamente en la causa Sur Finanzas. El dueño de dicha financiera, Maximiliano Vallejo, mantenía vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y se sospecha que Marchioni desempeñaba un rol en el tramo del lavado de dinero para la organización.
La red descubierta utilizaba a personas vulnerables como “mulas” financieras virtuales, modalidad que conecta con otra causa que la Justicia federal sigue de cerca: la investigación sobre Sur Finanzas. En el centro de ese cruce vuelve a aparecer el nombre de Marchioni.
Además, esta nueva causa cobra relevancia por indicios que vinculan la fortuna del exintendente de Lomas de Zamora y referente del juego provincial, Martín Insaurralde, con actividades de juego clandestino.
La conexión surge a partir de informes incorporados en la causa que dirige la fiscal Lacki, quien ordenó la detención de Albertina Mangini, funcionaria que trabajaba en una oficina de enlace del Patronato de Liberados. Mangini quedó acusada de integrar una organización que captaba ex presos para utilizar sus datos personales y biométricos en la apertura de cuentas en billeteras virtuales.
Desde el gobierno de Axel Kicillof aclararon que Mangini es empleada judicial, sin vinculación laboral ni burocrática con el Ministerio de Justicia. Señalaron además que durante la gestión anterior, de María Eugenia Vidal, se fijó un convenio para que algunas personas bajo supervisión, sin haber pasado por prisión, deban firmar en la sede de la fiscalía general, donde Mangini tenía acceso a información sobre personas liberadas.
Mangini, si bien funcionaria del Ministerio Público Fiscal, cumplía tareas en esa oficina de enlace ubicada dentro del Patronato de Liberados, organismo dependiente del Ministerio de Justicia bonaerense, dirigido por Aníbal Hnatiuk y cuyo titular es Martín Mena, ligado judicialmente a Cristina Kirchner.
La hipótesis fiscal sostiene que las cuentas abiertas con datos biométricos de ex presos eran utilizadas como “mulas” financieras para recibir, transferir y fragmentar fondos de origen presuntamente ilícito.
Lacki imputó por estafa, lavado de activos y asociación ilícita a Albertina Mangini, Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag, Cristian Alejandro Scigliano e Ignacio Leonel Marchioni. Mangini fue detenida e imputada, y en días próximos la fiscal podría solicitar su prisión preventiva. El juez de Garantías N° 6 de La Plata, Agustín Carlos Crispo, deberá resolver los pedidos que eventualmente presente la fiscalía.
El caso de Marchioni es especialmente relevante, ya que también está implicado en la investigación federal sobre Sur Finanzas, que conduce el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte junto a la fiscal Cecilia Incardona. Allí, Marchioni tiene sus cuentas congeladas y bienes inhibidos, siendo señalado como intermediario en operaciones con criptomonedas.
Un informe atribuido a ARCA analizó operaciones realizadas a través de billeteras digitales vinculadas a Sur Finanzas PSP S.A. y QBIT Capitals, firma dedicada a criptomonedas. Se detectó que Marchioni, monotributista categoría D, declaró ingresos inferiores a 5 millones de pesos en 2024, aunque sus movimientos financieros alcanzaron cifras millonarias: alrededor de 87.000 millones de pesos en billeteras vinculadas, más 230 millones en facturación y 255 millones en ingresos en efectivo, además de la adquisición de un automóvil BMW valuado en casi 100 millones de pesos.
Por su parte, un informe del Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal reconstruyó parte de la operatoria financiera de los acusados. En el caso de Marchioni, se identificaron créditos y débitos casi idénticos por un total de aproximadamente 27.149 millones de pesos, monto que los investigadores consideran incompatible con su situación fiscal formal.
Asimismo, HAZ PAGOS —una plataforma financiera— decidió bloquear y suspender definitivamente las operaciones de Marchioni tras detectarse un aumento del riesgo asociado a su relación con hechos investigados en la causa Sur Finanzas.
El informe policial también reveló que Marchioni, Campoli Sillero y Taubenschlag fueron clientes de LB Finanzas y que Marchioni y Campoli Sillero fueron clasificados como “arbitrajistas”, con sus cuentas inmovilizadas. Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023, Marchioni realizó 849 operaciones externas exitosas con terceros, correspondientes a 569 CUIT diferentes. Los ingresos superaron los 266 millones de pesos y los egresos sumaron casi 750 millones.
Asimismo, se detectó una transferencia de 150.000 pesos efectuada por Marchioni a Taubenschlag hacia una cuenta en Brubank, coincidente con sus datos personales y fiscales.
Taubenschlag aclaró a Clarín que actualmente no está imputado ni cuenta con orden de detención. Indicó que la investigación se vincula con transferencias por cerca de 1.400.000 pesos recibidas en 2023 por actividades de arbitraje de criptomonedas, todas declaradas y bancarizadas,
