La justicia y la Policía de la Ciudad intervinieron junto a la ANMAT para cortar el funcionamiento de la red que vendía medicamentos sin trazabilidad.
Efectivos policiales y personal de la ANMAT desbarataron este viernes en el barrio porteño de San Cristóbal una organización que comercializaba medicamentos de manera ilegal «sin facturas o remitos que demuestren su trazabilidad», lo que los volvía truchos y peligrosos para su consumo.
El operativo ordenado por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas número 11 de la Ciudad de Buenos Aires concluyó con el secuestro de una «gran cantidad de medicamentos sin facturas o remitos que demuestren su trazabilidad, el decomiso de más de $500.000 y la incautación de teléfonos móviles, los cuales serán peritados e incorporados a la causa», informaron desde el MPF.
Luego de meses de tareas de investigación de determinó el modus operandi de una organización dedicada al «comercio ilegal de medicamentos» que operaba en un inmueble ubicado en Humberto Primo al 1800, en donde «todos los jueves una camioneta descargaba una serie de bultos sin identificar para ser repartidos en comercios de la zona», detalló el informe.
Según la hipótesis de la fiscalía «esos bultos -bolsas negras y cajas de alfajores- se distribuían medicamentos en infracción» y por ello se ordenó «una inspección integral al establecimiento comercial» de la que participaron efectivos de la Policía de la Ciudad, junto a personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
El operativo tuvo lugar en el momento en que ingresaba la camioneta y eso «permitió corroborar la hipótesis investigada», además en el vehículo se encontraron «medicamentos en las bolsas negras y las cajas de alfajores sin las correspondientes facturas o remitos que acrediten su trazabilidad», apuntó el MPF.
Como resultado del operativo se secuestraron los medicamentos que carecían de documentación respaldatoria; se decomisó «dinero en efectivo por un valor superior al medio millón de pesos, como así también una cantidad significativa de dólares estadounidenses» y se dispuso «incautar los teléfonos móviles hallados para su posterior análisis e incorporación a la investigación».
Asimismo, el responsable del lugar fue imputado por la fiscal por infracción a los artículos 201 y 204 del Código Penal, que penan el suministro de sustancias peligrosas para la salud ocultando su carácter nocivo y el suministro infiel de medicamentos.
Además de las instituciones mencionadas, participaron de la inspección agentes de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Frontera del Ministerio de Salud y personal de las Direcciones Generales de Control Ambiental (DGCONTA) y Fiscalización y Control (DGFyC) del GCBA.